Parece un año atrás. Pero el pasado 1 de febrero, las calles de nuestro país se tiñeron de arcoíris. Al igual que los programas de streaming, la Marcha del Orgullo inauguró una edición estival. La razón detrás de su aparición magistral obedece a algo más insoportable que el calor: la intolerancia. Durante el último foro de Davos, nuestro Presidente fue el protagonista de un confuso episodio en donde la pedofilia y la homosexualidad quedaron emparentadas. A través de X, la plataforma de su gran amigo Elon Musk, Javier Milei se defendió diciendo que lo malinterpretaron e izó su bandera libertaria para despejar cualquier duda. A pesar de sus esfuerzos por enmendar sus errores, una parte de la sociedad no aceptó sus disculpas y decidió manifestarse en su contra. 

Como suele ocurrir en este tipo de movilizaciones, los políticos fueron los encargados de opacar el espíritu progresista y benevolente de la marcha. Los libertarios, en un récord de torpeza, acudieron a las redes para magnificar cualquier indicio de odio que el Presidente había intentado disipar. Lilia Lemoine, diputada de día y cosplayer cuando se lo exige, actuó con perspicacia y subió una imagen en donde de manera muy explícita ratificó la idea de que la “ideología de género” es la culpable inherente de la pederastía. Desde el otro lado de la vereda, funcionarios y políticos opositores formaron parte del lineup de la marcha en un patético intento de ser coronados como los únicos y verdaderos autores de los derechos humanos. 

Más allá de las habilidades performáticas de nuestros políticos, lo que más me llamó la atención fue la sensación de miedo. Admito que las comparaciones de Milei con Hitler no solo me parecen exageradas, sino que también me parecen irrespetuosas, más aún con la reciente ola de antisemitismo. Pero de la misma manera que nunca pensé que iba a ser testigo de un odio masivo a la comunidad judía, nunca imaginé que podía existir el mínimo riesgo de que se disuelvan las conquistas sociales que tanto nos costó conseguir. 

La Constitución es palabra santa

Desde que asumió Milei, uno de los temores que más rumian es el de que leyes a favor del colectivo LGTBIQ+ y de las mujeres sean eliminadas de un plumazo. Este miedo fue exacerbado cuando Francisco Sánchez, Secretario de Culto hasta agosto del año pasado, afirmó estar en contra del matrimonio igualitario. En el encuentro Europa Viva 24 organizado por el partido español Vox, Sánchez dio un discurso donde llamó a todos los conservadores a luchar por los valores que, en palabras de él, nunca se deberían haber perdido. 

Mientras que hay una certeza de que el divorcio, del cual Sanchez también se pronunció en contra, está tan pegoteado en nuestra sociedad como el dulce de leche, no ocurre lo mismo con leyes más recientes y vinculadas a la “ideología de género” entre las que se destacan el Matrimonio Igualitario (Ley 26.618), la Despenalización del Aborto (Ley 27.610), la incorporación de “femicido” (Ley 26.791) y el Cupo Trans (27.636). ¿Pero es tan fácil quitar leyes? ¿El decreto presidencial es más extraordinario de lo que creemos?

“La Constitución establece un sistema de división de poderes que tiene implicaciones directas sobre cómo el Presidente puede interactuar con leyes promulgadas por el Congreso. De acuerdo a este marco normativo, el cuerpo legislativo es quien tiene la potestad de sancionar, modificar y de derogar leyes”, afirmó Katherine Feldman, abogada graduada de la Universidad de San Andrés y magíster en Derecho de la Di Tella, en una entrevista exclusiva con Vayaina Mag. “El Presidente solo puede vetar, total o parcialmente, una ley antes de que sea promulgada. Una vez sancionada, ya no puede vetarla”, aclaró Feldman. Por otro lado, indicó que los decretos, incluso los de “necesidad y urgencia”, no pueden contradecir las leyes vigentes. “La Constitución prohíbe los DNUs en materia impositiva, penal —donde se encuentra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la figura de femicidio— y también de derechos y garantías ciudadanas —entre los que se incluye el Matrimonio Igualitario y el cupo trans. Para dejar sin efecto a una ley, el Presidente no puede simplemente emitir un decreto ya que esto implicaría violar el principio de legalidad y de la competencia del Poder Legislativo”, agregó la abogada especializada en constitucionalismo. 

Para marcar su punto, Feldman citó al artículo 99 de la Constitución sobre las facultades del Poder Ejecutivo. Otro de los aspectos que vale la pena resaltar de esta norma es que los decretos deben seguir un proceso bastante minucioso antes de ser aprobados. Conforme a esta norma, el Jefe de Gabinete deberá, personalmente y dentro de los primeros diez días, someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente que a su vez, deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. En caso de que la Comisión acepte el decreto, deberá —en un plazo también de diez días— ser elevado al plenario de cada una de las Cámaras del Congreso para su expreso tratamiento. Y solo con una mayoría absoluta, podrá regularse la ley especial. 

Entonces, ¿cuál es el procedimiento para derogar una ley? Según explicó Feldman, la derogación de una ley vigente implica la creación de un proyecto de ley que debe ser presentado y aprobado por el Congreso. “Este es el espíritu del sistema de división de poderes y es lo que asegura el carácter democrático del proceso legislativo”, ratificó Feldman.

Las manos sucias de la política

La fortaleza institucional de nuestro sistema legislativo es una bocanada de aire para la tolerancia y el sentido común. Ahora bien, ¿qué ocurre con la no tan estable mente de nuestros diputados y senadores? Si la Ley de Bases pudo ser aprobada sin que el gobierno cuente con una mayoría en el Congreso, ¿puede ocurrir lo mismo con proyectos de derogación de leyes a favor de las minorías? ¿Es el respeto irrestricto por el otro el límite de muchos legisladores? ¿O sus principios, obedeciendo al famoso dicho del comediante Groucho Marx, son tan intercambiables como cualquier mercancía?

“No cantaría victoria, pero creo que el aborto y el matrimonio igualitario ya están muy cimentados en la sociedad y la marcha [antifascista] del otro día lo demostró”, afirmó Paula Clerici, politóloga de la UTDT-CONICET e integrante de la Red de Politólogas, en una conversación con Vayaina Mag. “Sinceramente, no creo que el gobierno se quiera comprar un conflicto político dentro del Congreso”, agregó. Con respecto a la posibilidad de remover la figura de femicidio, Clerici se refirió a la dificultad de modificar aspectos del Código Penal, tal como dijo la abogada Feldman. Después del Foro de Davos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la intención del gobierno de remover esta figura legal. Pronto, la efervescencia libertaria se chocó con la realidad. Además de la reacción social, cuando hicieron los cálculos, se dieron cuenta de que en caso de que dejara de existir la figura de femicidio, al menos 300 convictos podrían ser liberados. Según el principio del Derecho denominado “La Ley Más Benigna”, si una nueva legislación disminuye una pena o elimina un agravante, los condenados pueden solicitar que se les aplique la norma más favorable. Ante este panorama, la convicción del gobierno empezó a tambalear. 

A pesar de estos benditos obstáculos, Clerici alertó sobre cómo el gobierno puede maniobrar desde otros resortes. “Yo pienso que Milei y su partido sí buscan avanzar sobre los derechos adquiridos, pero se dan cuenta de que no pueden hacerlo. LLA no es solo un proyecto económico, es también una agenda ideológica muy fuerte”, aseveró la politóloga. “La batalla cultural se ha llevado a cabo en arenas donde el gobierno puede actuar sin la supervisión del Congreso”, explicó Clerici. Para ilustrar su postura, la investigadora del CONICET se refirió a la reducción de presupuesto para proyectos vinculados a la violencia de género. Según el portal web Chequeado, la línea 144 que ofrece asistencia en casos de violencia contra la mujer sufrió una reducción del 28% en su ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2024. Asimismo, se despidió al 38% de su personal a mediados del año pasado. Por otro lado, el mismo informe indica que el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (Acompañar) tuvo una caída del 82% en la ejecución interanual. En términos de beneficiarios, se pasó de 34.000 a 400 en el primer trimestre del 2024. Es decir, un 98,6% menos.

Algo similar ocurre con el cupo trans. En mayo del año pasado, se despidió a más de 80 personas travestis y trans en el Estado. En referencia a esto, Clerici habló de la gravedad de esta medida teniendo en cuenta que las personas trans tienen una tasa de empleabilidad muy baja y las condiciones laborales a las que acceden suelen ser precarias. 

Otra variable que entra en juego son las elecciones legislativas de este año. Recordemos que las bancas de diputados que se renuevan son las que cumplieron el plazo de cuatro años, mientras que la de senadores son las que vencieron el mandato de seis años. Esto implica que las bancas obtenidas en el 2023 por LLA van a permanecer. La pregunta que surge es si esta base es suficiente para que el oficialismo alcance una mayoría parlamentaria. “Todo dependerá de cómo lleguemos a octubre en términos económicos”, sostuvo Clerici. “Si logran que por los agujeros que hay ahora no entre agua, probablemente, les vaya muy bien. De todas maneras, alcanzar una mayoría es difícil y más con los números que ellos manejan. Pero seguro les va a permitir avanzar con más soltura y sin tanta necesidad de negociación con otros”, aseguró la politóloga. Al respecto, Clerici hizo notar un detalle no menor: qué va a ocurrir con Juntos por el Cambio (JxC). “No sabemos si el PRO se va a achicar mucho hasta el punto de casi desaparecer o si por el contrario, va  engrosar el espacio de LLA. Eso va a ser bastante clave”, comentó. 

María Milagros Faggiani, licenciada en Ciencia Política y consultora en comunicación política, habló con Vayaina Mag sobre los posibles resultados en caso de que el gobierno avance con proyectos de derogación. “Todas estas leyes fueron el resultado de un acuerdo no sólo entre partidos, sino también dentro de las diferentes facciones intrapartidarias. Y la marcha fue la muestra de cómo varios y diversos espacios políticos están a favor de la agenda de los DDHH”, afirmó Faggiani. Sin embargo, la licenciada advirtió sobre la incertidumbre que genera la atomización en ciertos partidos como es el caso de la Unión Cívica Radical (UCR). Al respecto, Faggiani indica que la derechización puede ser atractiva en el escenario político internacional en el que nos encontramos. De hecho, la analista sostiene que, más allá de sus convicciones personales, Milei vocifera un discurso conservador con la intención de posicionarse internacionalmente ante figuras como Donald Trump. 

Sobre las elecciones, Faggiani menciona que además de lo difícil que resultan las predicciones —como las encuestadoras ya han demostrado en infames oportunidades— la inclusión de la boleta única puede ser reveladora. Otro fenómeno es la no concurrencia. “Cuando las elecciones no están pegadas, suele incrementar la importancia de los partidos provinciales”, afirmó. “Estimo que les va a ir bien, pero difícilmente van a alcanzar una mayoría absoluta”, dijo y coincidió con Clerici. 

Power to the people

No es mi estilo decirle a la gente a quién tienen que votar. Aunque quizás no me contente con la elección de la mayoría, sé que uno de los principios fundamentales de la democracia es justamente aceptar los resultados. Así y todo, debo admitir que me decepcionaría si LLA arrasa en estas elecciones. Y acá viene lo complejo. Un gran porcentaje del voto a Milei no es ideológico. 

En una entrevista que concedió a La Nación justo después de las PASO en el 2023, el politólogo Carlos Gervasoni explicó que la persona que votó a Milei “no es de derecha, no es alguien que está de acuerdo con sus propuestas”. Para demostrar su postura, ofreció el caso de Tierra del Fuego, un distrito en donde solía ganar el kirchnerismo. “Si uno aplicara las ideas de Milei, habría que sacar todo el régimen de promoción industrial […]. Por eso, es raro que justo en un lugar que tiene esa identidad asociada al régimen de promoción industrial, Milei haya tenido también una muy buena performance”. Según Gervasoni, actual director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT, el voto a Milei fue más una “expresión de bronca”. En otras palabras, un voto castigo. 

Lo característico del voto a Milei y lo que hace que el panorama sea desalentador es que implicó un castigo a toda la dirigencia política. Las principales dos fuerzas perdieron credibilidad al no ofrecer a los votantes estabilidad económica. Para colmo, en una jugada apresurada y narcisista, Mauricio Macri aisló a Horacio Rodríguez Larreta y elevó a Patricia Bullrich en un acuerdo que hoy le está costando su partido político. Por otro lado, el peronismo todavía no muestra indicios de haberse recuperado del huracán Alberto Fernández y en un intento desesperado por despegarse de él, corrieron tan lejos que terminaron separados de todos y todas. 

En este escenario, es difícil señalar cuál partido opositor es más meritorio de acumular bancas. Pero lo que sí tengo claro es que no podemos volver atrás con los consensos que habíamos logrado como sociedad.

Miranda Scian es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella donde también dictó clases. Escribe para Noticias Urbanas y acaba de lanzar el newsletter No Hay Con Quien Hablar, junto al escritor argentino Martín Kunik.