Natalia Salvo, abogada laboralista especializada en Derecho Social, conversó con Vayaina Mag sobre la causa de Vialidad. Según la abogada, el proceso judicial no ofrece pruebas contundentes contra Cristina y es más una puesta en escena política en favor de ciertos grupos partidarios y económicos. 

Desde tu rol como abogada, ¿considerás que la condena a Cristina Fernández de Kirchner es legítima?

Veo un proceso judicial totalmente arbitrario, amañado, ficticio y sin pruebas. Lo digo porque sé que hay muchos que no creen en la categoría de “persecución política” también conocido como lawfare. Es un proceso irregular no solo por la inexistencia de pruebas, sino también porque hay pruebas que contradicen el delito de administración fraudulenta. Hablo de pruebas de testigos que van desde peritos que no dan cuenta de sobreprecios, incluso pruebas provistas por la Dirección de Vialidad durante la gestión de Mauricio Macri. Hablo de pruebas que surgieron en el 2016, año donde se empieza a armar la causa y es insospechado pensar que el gobierno de Macri tuvo intenciones de beneficiar a Cristina. Hablo además de pruebas en documentales donde sostienen que hay rutas que no se construyeron, cuando en realidad sí se llevaron a cabo. En este punto, hay que decir que se habla de irregularidades en las obras de 51 rutas. Solamente, se peritaron 2 y se tomaron en consideración 5. Y también a nivel jurídico. Luego de la reforma constitucional del año 1994, la administración general del país debe ser consensuada con el Jefe de Gabinete. Esto significa que no se le puede atribuir la responsabilidad a la ex Presidenta. Y la realidad es que todos los que conformaban la Jefatura de Gabinete en el momento que se estudia fueron sobreseídos. Por otro lado, recordemos que el presupuesto de dichas obras estaba dentro del Presupuesto aprobado por el Congreso y por lo tanto, aprobado también por partidos opositores a Cristina. 

La causa Vialidad fue investigada antes del 2016 por el juez Ercolini. ¿Qué ocurrió?

Esta causa se había cerrado en el 2009. Ercolini la había enviado a Santa Cruz porque se consideró incompetente. Y luego, en el 2016 y a pedido de Macri, se reabrió. Es decir, se juzgó dos veces un mismo hecho, violando la garantía constitucional. En la última etapa, introdujeron chats de López en donde no se la menciona a Cristina, pero sí a Nicky Caputo y nadie habló de eso. Se presentaron pruebas por fuera de la etapa procesal oportuna y además, hay que recordar que no se le permitió a Cristina ejercer el derecho de defensa. Después, está la violación de la garantía de imparcialidad por parte de todos los jueces que intervinieron: desde Ercolini, que participó del encuentro de Lago Escondido, hasta Gimenez Uriburu, Gorini y Basso que jugaban al futbol con los fiscales y Mauricio Macri. Lo mismo con los jueces de la corte y los tribunales de casación que fueron los que obtuvieron el traslado por el pedido de Macri. En resumidas cuentas, es una causa que no presenta pruebas contundentes, las que presentas son contradictorias, viola el principio de inocencia y vulnera cada una de las garantías constitucionales. 

Hace poco, afirmaste que “le falta oxígeno popular a nuestro poder judicial». ¿Crees que debe haber una reforma judicial en términos de cómo se eligen a los jueces?

No sé si para la elección de los miembros de la Corte, pero sí para los Tribunales inferiores y optaría por el voto popular. Esto se aplica en muchos de los distritos de Estados Unidos, país que tiene una Constitución que es madre de la nuestra. Siento que sería la manera de oxigenar el Poder Judicial porque creo que es el único mecanismo posible para abrir un poco este Poder Judicial que no está acostumbrado a ser interpelado por el pueblo. Y agrego incluso que, a veces, pareciera que no brinda un servicio público hacia la ciudadanía. Más allá de la división de poderes, hay que recordar que el Poder Judicial es parte del Estado. Y en ese sentido, su fuente de legitimación es el poder popular. Sin embargo, parece más un reducto monárquico. La instancia para investigar y juzgar las conductas de los jueces, que es básicamente el Consejo de la Magistratura, fue cooptado por el propio Poder Judicial después de un escandaloso fallo de la Corte. El Consejo hoy es presidido por Rosatti, también presidente de la Corte Suprema y que aceptó estar ahí por decreto. 

¿No pensás que a través del voto popular también puede haber riesgo de formar un Poder Judicial cooptado por una cierta fuerza política?

Yo creo que el Poder Judicial debe ser independiente del poder de turno, pero no del pueblo. Yo celebraría que se politice. No que se partidice, que se politice. El Poder Judicial es político. Y justamente, la negación de dicha politización lo único que hace es profundizarla más. Tienen lazos con el poder económico, político, nadie los vigila. Hoy, por ejemplo, se habla del “financiamiento de derechos”. Todos los derechos se financian. Y parece ser que los pronunciamientos de los jueces que tienen un tinte social sostenido en tratados internacionales que son ley vigente son los politizados. Ahí está lo peligroso. Por supuesto que habría que hacer una reforma consciente para asegurar el correcto funcionamiento de los funcionarios. Insisto, el voto popular es la única manera que veo hoy para que el pueblo vuelva a tener participación en un poder que esencialmente le pertenece. Pareciera que el Poder Judicial tiene una suerte de jerarquía especial, casi divina. 

De acuerdo a lo que planteás, ¿cuáles son los pasos que debería seguir el proceso actual de la causa de Vialidad? 

A ver, los miembros de la Corte fueron sometidos a un pedido de juicio político el año pasado. La mayoría especial requerida para poder llevar a cabo el juicio no se consiguió y por lo tanto, no fueron juzgados. La realidad es que es un escenario muy difícil de que ocurra. La última experiencia que tenemos fue durante la presidencia de Menem cuando se denuncia una «mayoría automática» en la Corte Suprema. Y de hecho, la mayoría renunció antes de pasar por el juicio. Por eso, insisto con la idea de la reforma constitucional. Cristina intentó democratizar el Poder Judicial, pero no pudo. Y parte de eso tiene que ver con que la ley se la ve como algo rígido y la realidad es que es un conjunto de normas que regulan las conductas externas, pero no es la biblia. De esta manera, la participación colectiva en pos de pluralizar los mecanismos legislativos parece imposible de poner en práctica. Y es irónico si tenemos en cuenta que todas las leyes que tenemos fueron producto de conquistas históricas por parte de la sociedad civil. Desde el divorcio vincular hasta la patria potestad compartida, la ley de Contrato de Trabajo, el voto femenino, el Matrimonio Igualitario y así. Sacarle al Poder Judicial el elemento social y político es habilitar que los jugadores del poder real ejerzan sus funciones con un ropaje de objetividad. 

¿Qué pensás que debería hacer la defensa de Cristina?

Este 7 de julio, va a haber una audiencia para regular las visitas. Hoy se está imponiendo una restricción totalmente arbitraria. Lo que queda es la instancia internacional porque la instancia del derecho interno se agotó. También, se debería apelar a la figura del «juzgado de cosa juzgada írrita» que es cuando se dictó una condena de manera fraudulenta. También, se está hablando de indulto. El tema es que en esencia este no es un problema jurídico. Es un problema político. Eso dificulta el campo de maniobra de la defensa de Cristina. 

Dado que sostenés que es una cuestión más política que jurídica, ¿no sentís que, en alguna medida, esto benefició a Cristina? Recordemos que desde la derrota del peronismo en el 2023, de forma muy tímida, los miembros del partido le están pidiendo a Cristina que dé un paso al costado.  El anuncio de la condena generó movilizaciones masivas a favor de ella que parecieran reivindicar el apoyo popular que parecía haber perdido. 

No sé si es que le vino bien, pero sí es verdad que de alguna forma Cristina, como buena estadista, veía a este desenlace como algo inevitable. Y en pleno año electoral, se evidenció que ella es la líder indiscutida del peronismo. Definitivamente fue un acontecimiento que le permitió volver a demostrar el poder que sigue teniendo en el campo popular. 

No puedo dejar de preguntártelo… ¿no crees, bajo ningún aspecto y más allá de la causa de Vialidad, que Cristina cometió algún tipo de delito de corrupción?

Es que no hay pruebas. Con la ruta del dinero K pasó exactamente lo mismo. Está el famoso meme que dice que todas las rutas del dinero K llevan a las rutas del dinero M. Se cae de maduro. Si tienen que armar semejante barbaridad jurídica, como incluso han afirmado constitucionalistas antiperonistas, es porque no tienen pruebas. El caso de López es otro cantar. Las pruebas estaban. No estoy haciendo futurología. Pero la realidad es que, hasta ahora, no hay pruebas fehacientes contra Cristina. Y se nota que les pesa. 

Suscribite a Vayaina Mag o colaborá con un Cafecito

Miranda Scian es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella donde también dictó clases. Escribe para Noticias Urbanas y acaba de lanzar el newsletter No Hay Con Quien Hablar, junto al escritor argentino Martín Kunik.