Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped, conversó con Vayaina Mag sobre la incertidumbre que dicta el nuevo gobierno en términos de salud. El presupuesto 2025, que todavía no fue tratado, establece metas físicas menores que las reales atentando contra la posibilidad de satisfacer la demanda de medicamentos contra el VIH. 

Desde la asunción de Javier Milei, ¿qué medidas afectaron negativamente a la Fundación Huésped? 

A Fundación Huésped de manera directa no nos afectó porque nosotros no recibimos fondos estatales, salvo para proyectos específicos. Lo que observamos durante el año 2024 fueron algunas alertas. En principio, la reducción en las terapias de transformación de género. Por otro lado, no se compraron preservativos como se solía hacer. Se distribuyeron los pocos que quedaban. Y la realidad es que durante todo el año pasado, no se generó una nueva compra. Hubo faltantes ocasionales de algunos medicamentos para el VIH. Esto implicó que algunas personas tengan que cambiar la medicación. Afortunadamente, hay muchas alternativas, pero nunca es una buena noticia tener que cambiar de tratamiento por causas administrativas.

¿Por qué empiezan a faltar medicamentos? 

Primero, quisiera hacer una aclaración. Hay muchos medicamentos para el VIH. Y hay muchas combinaciones. Lo que antes se conocía como el “cocktail de drogas” tiene que ver con que, más allá de la cantidad de pastillas, la terapia retroviral de alto alcance lo que hace es combinar distintas familias de medicamentos que juntas logran evitar la replicación del virus. Eso abre una enorme cantidad de combinaciones de drogas. En algunos casos, lo que empezó a pasar fue que gracias a la simplificación de la terapia, avance en el cual Fundación Huésped tuvo mucho que ver gracias a un estudio clínico que demostró la eficacia de dos en vez de tres drogas en el tratamiento, hubo un pasaje de personas que tomaban una combinación de tres drogas a poder tomar solo dos. Y el stock que tenía el Ministerio de esa terapia doble no alcanzó para la nueva demanda que surgió. Entonces, algunas de las personas que ya estaban implementando la terapia de primera línea tuvieron que volver a tomar tres drogas. Eso es una complicación para los pacientes. 

¿Pero existieron personas que quedaron sin tratamiento?

No, nadie quedó exento del tratamiento. 

¿Esta reducción en la oferta se correlaciona con las políticas sanitarias del actual gobierno?

Se suman dos factores. Por un lado, el hecho de que la terapia doble, la combinación de  dolutegravir con lamuvidina, es relativamente nueva. Entre 2023 y 2024, muchos médicos ofrecieron esta simplificación del tratamiento. El problema es que la oferta con la que contaba el Ministerio era menor que la demanda existente. Por otro lado, ha sucedido que en otros cambios de gobierno, y este no fue la excepción, se generaron faltantes ocasionales. Pero lo más preocupante para nosotros es que el proyecto de ley del presupuesto 2025, que además todavía no fue tratado por el Congreso, planteaba metas físicas —cantidad de personas en tratamiento— menores a la cantidad real. A esto se le suma lo que mencionaba antes sobre la caída en la compra de preservativos, y también de reactivos para diagnósticos de VIH y reactivos de carga viral. En un país con la historia inflacionaria como la de Argentina, la plata no es el principal indicador. Es super valioso, por supuesto, pero no podemos estar sujetos a él. Por eso, son tan importantes las metas físicas. Y lo que el gobierno está diciendo es que va a tratar a menos personas de las que de verdad necesitan el tratamiento.

¿Cómo impactó la rescisión de contratos de los trabajadores de la direcciones de VIH y vacunas del Ministerio de Salud de Nación?

No es algo aislado. No hay políticas claras por parte del Ministerio. No hay acciones de promoción, ni de prevención, ni de diálogos fuertes con las diferentes jurisdicciones como para poder generar intervenciones de detección. En Argentina, el 45% de los nuevos casos de VIH se detectan en personas que tienen una enfermedad avanzada, es decir, donde ya el virus ha deteriorado el sistema inmunológico. Es un indicador clave que se debe mejorar. Deberíamos empezar a ver año a año menos casos.  Y más aún en un país como el nuestro en donde gracias a los subsistemas de salud las personas acceden a los tratamientos. Una persona en tratamiento con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual. Es lo que se conoce como “indetectable es igual a intransmisible”. Y sin embargo, cada año en nuestro país, se suman cada vez más casos. 

¿Por qué?

Casi la mitad de las personas que se diagnostican lo hacen tardíamente. Esto además del deterioro en su sistema inmunológico, puede implicar la transmisión involuntaria del virus. 

¿Ustedes se reunieron con representantes del gobierno? 

No. Tampoco sentimos que haya una real vocación de diálogo. Y la reunión por la reunión misma solo sirve para la foto. Sí cuando el presupuesto estaba por tratarse, nos juntamos con diputados oficialistas y opositores. Pero finalmente, no se trató que es algo que nos sigue preocupando. También, tenemos pedidos de acceso a la información pública sobre los procesos licitatorios y el stock. Ninguno de ellos ha sido respondido. Ahora, estamos avanzando en la vía judicial.

Cuando desde las diferentes organizaciones empezaron a denunciar la reducción presupuestaria destinada al VIH, resurgió un discurso que parecía obsoleto. Muchos empezaron a decir que no tenían por qué pagar los tratamientos bajo el argumento de que no es culpa del resto que las personas con VIH se hayan infectado. ¿Usted lo percibió? ¿Lo vincula con los cambios que se implementaron en la Educación Sexual Integral (ESI) desde la asunción de Javier Milei?

Todos los ataques a la ESI conspiran contra la salud en general y la salud sexual en particular. Además, a la ESI se la ataca por lo que no es. Me refiero a cuándo se inventan contenidos que no tiene o cuando se sostiene que los contenidos que se les dan a los chicos de secundaria son los mismos que se dictan en el jardín de infantes. Eso por un lado. Por otro lado, hay olas que cada tanto vuelven y más en este momento, en dónde se cuestiona que el Estado trate ciertos temas. Y es increíble que surja esto y más con respecto al VIH porque es algo que está recontra estudiado y probado por la comunidad científica mundial. 

¿Cuál es la importancia de que el Estado cubra estos tratamientos y por qué no representa un costo económico significativo?

Hay dos cuestiones. Por un lado, el marco normativo que es muy claro. Es decir, el Estado tiene que tratar estos temas porque así lo indica la ley. Y la ley no es un capricho. Lo que está muy claro en la historia de la respuesta al VIH es que por cada dólar que vos no gastás por prevención, gastás tres en tratamiento. Si vos no tratas a una persona con VIH, su sistema inmunológico empieza a deteriorarse y empiezan a surgir lo que se conoce como “enfermedades oportunistas”. Eso lleva a que esta persona requiera de internación. Además de la inminente muerte del paciente, el no tratamiento y prevención puede implicar la propagación del virus. Pero incluso antes de su muerte, esa persona ya no va a poder estudiar, ni trabajar y va a necesitar apoyo de su familia y su círculo cercano. Entonces, además de la cuestión individual, del punto de vista de los derechos humanos y ético, desde lo costo-efectivo tampoco representa una inversión que desfinancie al Estado. Y en segundo lugar, es mucho más caro, por decirlo de alguna manera, tratar las consecuencias de un VIH no tratado que su prevención o detección temprana. 

¿Sirve el testeo imperativo de toda la población?

No. El testeo compulsivo, primero, refuerza el estigma que existe alrededor de la enfermedad. Y además desde el punto de vista sanitario, podés testear a alguien, que salga negativo y que esa misma noche, se infecte. Entonces, ¿de qué te sirve el test en instancias obligatorias como puede ser el preocupacional? Lo que hay que promover es el test y asegurar su disponibilidad y acceso. Para eso, hay que hacer muchas campañas. Es solo un pinchazo y en quince minutos, ya tenés los resultados. En Argentina, 99,5 de 100 personas que se testean, dan negativo. Pero hacerlo obligatorio no tiene ningún sentido. 

¿Cree que es posible replicar un modelo de testeo como ocurrió con el coronavirus?

El testeo no era obligatorio. Pero había muchísima información a disposición. En Argentina, está lleno de centros de testeos gratuitos. Nosotros tenemos y están abiertos de lunes a viernes. Además, trabajamos en barrios vulnerables de todo el país para promover y acercar el testeo a toda la población. Hasta hacemos testeos en las estaciones de tren. 

Algo que también se escucha es el miedo de tener VIH y por lo tanto, la postergación del testeo. 

Eso existe. Y tiene que ver con cómo nos enfrentamos a la salud. Las mujeres, en general, van una vez al año al ginecólogo. Los hombres no tienen esa rutina sanitaria. Ahí, hay un desafío para que la oferta de VIH se expanda a cualquier consulta de salud. No es lo mismo la oferta de la prueba que el testeo obligatorio. En el único caso donde hay una oferta de testeo obligatorio es en el caso de embarazadas para evitar la transmisión del virus al bebé. 

Volviendo a la cuestión discursiva, ¿percibe un aumento de la homofobia? Incluso, el resurgimiento del mito de que solo los homosexuales tienen sida. 

Todo aquello que conspire contra el libre ejercicio de la sexualidad lo que hace es que sea menos placentera y más escondida, pero sobre todo menos cuidada. Ese es el mayor riesgo. 

¿Siente que la cuarentena en nuestro país influenció en esa falta de cuidado en la sexualidad? 

Más que la cuarentena, la crisis del COVID-19 es la crisis sanitaria más grande de nuestra generación. Era un virus nuevo y que no contaba con un antídoto. Las vacunas que se hicieron fueron en tiempo récord. Obviamente que van a haber consecuencias en todos los aspectos. Nos cambió la forma de vivir de un día para el otro. El cierre y las restricciones a la movilidad generó un abanico de nuevas enfermedades que van más allá del VIH. Las personas no se acercaban a los centros de salud que estaban cooptados por el coronavirus. También, había mucho miedo de salir. Y nosotros trabajamos mucho para que todos puedan retirar de forma segura sus medicamentos. Por otro lado, se atrasó la cobertura de vacunación. Incluso ahora y después de atravesar la mayor crisis del COVID-19, seguimos retrasados en ese tema. Hay brotes de sarampión, por ejemplo. Y no solo en poblaciones no vacunadas. Porque la inmunidad de las vacunas se consigue por la inmunidad del rebaño. 

Otro sector de la salud que ha sufrido un desfinanciamiento es el de discapacidad. ¿Ve algún paralelismo con lo que está ocurriendo con el VIH?

Discapacidad tiene otros elementos más complejos. A priori, si vos me preguntás si hay alguien que no recibió tratamiento para el VIH, yo te voy a decir que afortunadamente no las hay. Y el Ministerio de Salud ha dicho que va a seguir comprando los medicamentos. El tema es que la cuestión del VIH no empieza y termina con esto. Además de la prevención, para las personas que ya tienen el virus, es importante que puedan acceder a tests sobre su carga viral para poder medir su evaluación y la eficacia del tratamiento. También, que puedan acceder a tratamientos en caso de enfermedades oportunistas. Estrictamente hablando, las personas no mueren de sida. Mueren por enfermedades vinculadas al deterioro del sistema inmunológico. Por eso, es vital tener una respuesta integral al VIH que incluya la prevención y dentro de esto, la profilaxis preexposición (PrEP) que es una droga que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección por VIH. Y es clave tomarlo lo antes posible, mejor dentro de las primeras 72 hs después de haber estado expuesto a una situación de riesgo, para aumentar su eficacia. Acá entran también las prepagas y las obras sociales que muchas veces demoran la entrega de la PrEP. 

¿Cuáles son hoy los desafíos que Argentina enfrenta en términos de VIH?

El gran pendiente de Argentina es que siguen naciendo bebés con VIH, a pesar de que existe la oferta obligatoria y universal del test. Y el otro es lo que mencionaba antes de cómo casi la mitad de los casos de VIH se producen en instancias de gravedad por su detección tardía. Cuando se empiecen a reducir las detecciones tardías del virus, sin duda vamos a ver bajar la cantidad de casos. 

Donald Trump declaró el recorte en la ayuda mundial para la prevención del VIH. ¿Ustedes se vieron afectados?

En Argentina afectó indirectamente porque no es un país que reciba fondos del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). Se recibían muy pocos fondos del USAID que es la agencia de cooperación al desarrollo del mundo de los Estados Unidos. La realidad es que los fondos que se utilizan para dar respuesta al VIH en Argentina surgen fundamentalmente de fondos nacionales. Pero sí achica mucho el dinero disponible para el desarrollo mundial de investigaciones. 

¿Cuál es su mayor preocupación en este momento?

En este momento en el mundo, y Argentina no es la excepción, se está viviendo un proceso de deshumanización. Y en este proceso, se está perdiendo de vista todo un conocimiento ya adquirido basado en evidencia científica. Se pretende provincializar la respuesta. Esto es un problema porque no todas las provincias tienen la misma capacidad de darla. 

¿Y con respecto a la coyuntura política específica de Argentina?

Hay mucha incertidumbre. Y eso nos asusta. No hay una puesta en valor de la salud pública. El sistema de salud de nuestro país tiene un montón de aspectos para mejorar. Pero ninguna de las medidas que se tomaron en este tiempo ayudaron a esto. Incluso, se generaron problemas nuevos. Ante esta situación, estamos alertas y atentos a cualquier eventualidad y abiertos a acompañar en todo lo que sea posible. 

Miranda Scian es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella donde también dictó clases. Escribe para Noticias Urbanas y acaba de lanzar el newsletter No Hay Con Quien Hablar, junto al escritor argentino Martín Kunik.